La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró inconstitucional la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), mas conocida como “Ciudades Modelo”, impulsada por el gobierno de Porfirio Lobo y resistida por movimientos sociales y pueblos originarios.
La CSJ aseguró que la ley “vulnera preceptos constitucionales como la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno”, y por amplia mayoría (13 a 1) ratificó el fallo de la Sala de lo Constitucional, que denunció que la ley intentaba “enajenar el territorio nacional”.
La ley impulsada por el gobierno pretendía crear “polos de desarrollo” entregando miles de hectáreas a la inversión extranjera, otorgando plena autonomía de gobierno a las ciudades que allí nacieran o ya se encontraran. “Las ciudades modelo que predominan en Asia han sido la solución para el crecimiento económico y desarrollo acelerado en esa región del mundo”, justificó el presidente, que en enero de 2011 logró la aprobación del proyecto por 126 diputados sobre 128.
El proyecto prevé que las ciudades modelo dispongan de personalidad jurídica, un sistema propio de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento. Teniendo en cuenta que su desarrollo está entregado a la iniciativa privada extranjera, se perfila como un retorno a la “república bananera” de los años ’80.
Los movimientos sociales hondureños, permanentemente golpeados por la represión y los asesinatos de campesinos e indígenas en la zona del Bajo Aguán, se opusieron desde un principio al proyecto.
“En su afán por quedar bien con el neocolonialismo transnacional, explotador, racista y patriarcal, el régimen de Pepe y Juan Orlando no ha tenido escrúpulos para entregarles nuestras tierras, ríos, playas, recursos minerales y biodiversidad, violentando la voluntad de las comunidades; Y ahora la de todo un pueblo con la venta de nuestro territorio violentando la soberanía nacional”, expresaba en un comunicado el Espacio Refundacional del Frente Nacional de Resistencia Popular surgido luego del golpe contra Manuel Zelaya en 2009.
Por su lado, la comunidad originaria garífuna, también expresó a través de un comunicado, que “el Estado pretende subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero, so pretexto de remediar la pobreza crónica que afecta al país.
En diversas ocasiones tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, indicaron que la primera RED en Honduras se ubicará entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, área que incluye 24 comunidades Garífunas, las cuales son consideradas como el santuario cultural Garífuna. Además se ha mencionado crear RED destinadas para la producción de agrocombustibles, presuntamente en los bosques tropicales de la Moskitia hondureña”, expresó la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Miriam Miranda .
“Existe el nefasto precedente de la entrega durante el golpe de Estado, de la Bahía de Trujillo al inversionista canadiense Randy Jorgenson, conocido en su país como el Rey del Porno, quien demolió la comunidad Garífuna de Río Negro para la construcción de un muelle y centro turístico denominado Banana Coast.
En este momento, en Honduras está en juego la independencia judicial, elemento sine cuan non, la democracia se encuentra en entredicho. Las RED afectan a todos los hondureños, los que vemos cada día erosionar aun mas los derechos humanos, mientras nos encontramos sumido en un mar de violencia”.